El Plan Fiscal aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal responde al compromiso original que es Promesa. Por un lado, se le hace claro a los bonistas de que la deuda no se pagará en su totalidad. Por otro lado, se le requieren a Puerto Rico una serie de medidas de austeridad que son dolorosas y otra lista de reformas estructurales que impactan grupos de poder. Tanto las medidas de austeridad como las reformas estructurales tienen el objetivo de cumplir con el requerimiento del Congreso de hacer un gran esfuerzo por pagar.

Preocupa que las proyecciones de la Junta son de que con el Plan Fiscal según fue aprobado, no va a ser posible pagar la deuda aún después de renegociada. Por lo que durante la próxima década se requerirán nuevas medidas de austeridad, reformas estructurales adicionales y/o un retorno al impago de la deuda. Antonio Weiss, antiguo funcionario del Departamento del Tesoro de los EE.UU., advirtió de que en su opinión los acuerdos de deuda estaban siendo demasiado generosos con los bonistas.

La Junta acusa al gobierno de no tener voluntad política para implantar cambios necesarios. La acusación es injusta. Puerto Rico lleva -desde la administración de Luis Fortuño, pasando por la administración Alejandro García Padilla y continuando con la administración Ricardo Rosselló- imponiendo medidas difíciles. Un ejemplo es la contracción en el número de empleados gubernamentales a través de los años.

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Vicente Feliciano
Tribuna Invitada
El Nuevo Día
miércoles, 24 de octubre de 2018